Todos los edificios que se construyan o rehabiliten a partir de este mes deberán cumplir con las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE), una vez cumplido un año de su aprobación por parte del Consejo de Ministros. La normativa afecta también a las 180 cooperativas del sector de la construcción que funcionan en la Región, la mayoría de las cuales se centran en actividades de instalación y acabado (carpinteros, ferrallistas, yesadores, pintores, electricistas, fontaneros, etcétera). Dichas cooperativas dan trabajo a 3.000 obreros y profesionales murcianos.

La nueva normativa se adapta a la estrategia de sostenibilidad energética y medioambiental, y establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios destinados a viviendas como a cualquier otro uso, tanto nuevos como rehabilitados.

Coincidiendo con el final del periodo de aplicación voluntaria de los documentos básicos, a excepción de los relativos a seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y ahorro de energía -en uso desde el 29 de septiembre-, también entran en vigor este mes los de seguridad estructural y salubridad.

Por su parte, el documento correspondiente a la protección frente al ruido se encuentra en tramitación ante el Consejo de Estado para su aprobación posterior en el Consejo de Ministros. Este documento junto con el correspondiente a accesibilidad, en preparación, completan el CTE.

Según el Gobierno, se abre a partir de ahora «una nueva etapa de modificaciones y adaptaciones conforme lo demande su puesta en práctica o los avances tecnológicos que el propio código favorece, y que se irán incluyendo en la estructura de éste, bien por modificación de textos o por homologación ministerial como documentos reconocidos».

Por otro lado, el objetivo del documento básico sobre la seguridad estructural es asegurar que el edificio tenga un comportamiento adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto (seísmos, inundaciones, reconversión funcional, descenso del nivel freático, etcétera). Además, elimina el vacío reglamentario existente en relación con las estructuras de madera, que no permitía la utilización de este material, aunque establece la necesidad de contar con un certificado de madera sostenible.

El documento básico de salubridad tratará de afrontar diversos problemas que afectan a la higiene y salud de las personas y a la protección ambiental en el entorno edificado, como los relacionados con la humedad, recogida y evacuación de residuos, la calidad del aire y el suministro de agua.

Energías renovables

Pero lo más destacable del código reside en que los edificios que se empiecen a construir o a rehabilitar a partir de ahora deberán incluir de manera obligatoria fuentes de energía renovables para la obtención de agua caliente y electricidad.

Para ello, distingue 12 zonas climáticas en España y a cada una de ellas le corresponde un porcentaje de energías limpias de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, en Madrid hasta el 70% del agua caliente deberá ser de origen solar, mientras en el norte de la península sólo será necesario alcanzar el 30%.

Lo mismo ocurre con la energía eléctrica producida por paneles solares: cada zona climática tendrá que obtener un determinado porcentaje de kilovatios de la luz del sol.

Según las estimaciones del Observatorio de la Sostenibilidad en España, la aplicación del CTE podrá reducir en un 50% las emisiones de CO2 de las viviendas y reducir el gasto energético en un 30% o 40%, según destaca su director, Luis Jiménez Herrero.