El Consejo Económico y Social (CES) aprobó en su último pleno el dictamen sobre el proyecto de ley de las Empresas de Inserción. Es el paso previo a su presentación en el Congreso de los Diputados.

El CES, en su dictamen, solicita al Gobierno que elimine del texto la necesidad de consultar a las organizaciones «del sector afectado» en caso de modificación de los colectivos de exclusión social, dejando como sujetos de esta consulta a las «organizaciones sindicales y empresariales más representativas». Se evidencia una cierta marginación de las organizaciones representativas de las empresas de inserción.

Varios consejeros apoyaron una enmienda promovida por los representantes de la economía social, pretendiendo eliminar esta petición. Al no ser aprobada esta enmienda, se elaboró un voto particular, que se anexa al dictamen expresando la disconformidad de que las consultas del Gobierno sean absorbidas por las organizaciones sindicales y empresariales «más representativas».

Esta actuación resulta preocupante, porque en la sociedad no sólo existen el negro y el blanco, sino matices de grises. Entre éstos se encuentra la economía social, fórmula conceptualmente amplia que integra a las cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, mutualidades y asociaciones. Entidades ellas que tienen principios como el de la primacía de la persona sobre el capital, la democracia, la solidaridad, la preocupación por el entorno en el que actúan. Entidades que se unieron hace más de una década para defender a sus asociados, para hacer oír su voz en las mesas e instituciones en las que individualmente no se las escuchaba... Han pasado los años, se ha avanzado con pasos cortos pero seguros. Sin embargo, se ha vuelto a comprobar que, cuando el Gobierno abre la posibilidad de participación a otras entidades que no son las habituales de todos los procesos negociadores, se produce la eliminación del texto, la oposición a las propuestas presentadas; en definitiva, la exclusión de otros agentes...

Es una cuestión a reflexionar, ya que son numerosas las actuaciones de orden socio-económico-laboral que se están produciendo para que en su desarrollo y ejecución sólo participen los agentes tradicionales. Estamos en el siglo XXI, existen otras realidades y hay que darles, no sólo carta de naturaleza sobre el papel, sino espacio para actuar.