El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció la semana pasada que el Gobierno financiará la mitad del gasto público de aplicación de la ley de Dependencia en las comunidades autónomas -que será la mayor fuente de empleo cooperativo de los próximos años-, y que se han introducido tres nuevos cambios en el baremo que establecerá el grado de dependencia .

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Caldera hizo estas declaraciones en su intervención inaugural del primer congreso internacional Dependencia y Calidad de vida, ante medio millar de profesionales de la asistencia a personas dependientes. Anunció allí el baremo que valorará el grado de dependencia de los beneficiarios del sistema, del que dijo que hay un «intenso trabajo técnico» con consejerías y entidades sociales para que abarque el mayor número de situaciones posibles. Así, se ha incluido un nuevo criterio sobre tareas domésticas, de 8 puntos y que será para enfermos mentales y discapacitados psíquicos. Asimismo, se aumenta la valoración para personas con enfermedades psíquicas en el ámbito de decisiones (de 10 a 15 puntos), y la relacionada con el cuidado de la salud, que aumenta de 2,9 a 11 puntos. «A final de año se revisarán de nuevo los baremos», recordó.

Caldera cifró en 26.000 millones de euros el coste de la financiación pública de la aplicación de la ley, de los que la mitad será aportada por el Estado y el resto por las autonomías en lo que calificó de «esfuerzo financiero titánico» para ayudar a regiones que invierten por debajo de la media nacional. Dijo que desde el Gobierno se ven «dificultades» en algunas autonomías para llegar actualmente a la cobertura de los servicios asistenciales de dependencia.

La repercusión social y económica de la ley -se crearán 350.000 empleos directos, 10.000 de ellos en Murcia en forma de cooperativas de trabajo asociado- «deberá ir acompañada por una mayor cualificación profesional, estabilidad laboral y búsqueda de la excelencia en los servicios de atención», apuntó.

A su juicio, el Ministerio «no puede ni debe estar solo» en este esfuerzo económico, sino que debe contar con la «primera línea» que suponen consejerías, ayuntamientos, cooperativas y empresas, especialmente en los baremos pendientes de regular, al igual que el reglamento.