La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, insistió la semana pasada en que no va a incrementar el tope de de los fondos operativos hasta el 6% como reclaman las cooperativas agrarias españolas, ni a aumentar los apoyos para la gestión de crisis de mercado.

Fischer Boel debatió el pasado día 27 de febrero con la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo el proyecto para modificar la Organización Común de Mercado (OCM) hortofrutícola.

La comisaria afirmó que son «inaceptables» las demandas del sector productor y de eurodiputados españoles relativas al incremento del límite de financiación y a los instrumentos para mejorar la gestión de crisis de mercado, como la que hoy día vive el sector de cítricos.

Defendió las ideas recogidas en la propuesta, entre las que destaca la supresión de las ayudas actuales a la producción de frutas, cítricos y tomate para industria, que serán sustituidas por un pago por hectárea.

La reforma no varía el presupuesto para la OCM -en torno a 1.488,8 millones, 486 para España- e incluye ajustes en las inversiones que pueden acometer las organizaciones productores de frutas y hortalizas (OPFHs) cofinanciadas por la UE. Plantea la posibilidad de que se financien hasta el 50% el coste de medidas para gestión de crisis como: cosecha en verde, dejar en el árbol frutas o verduras en la plantación, seguros y creación de mutuas entre las OPFHs.

La comisaria recordó que los apoyos a las inversiones de las OPFHs -fondos operativos- seguirán teniendo el tope del 4,1% de la facturación, pues es «inaceptable» incrementarlo hasta el 6%, como pidieron los eurodiputados españoles.

500 millones de más

Señaló que esto tendría un coste de 500 millones de euros y que «no hay fondos de donde sacarlos», aunque remarcó que en realidad, ese límite llega al 3% de media, «por lo que hay margen de maniobra».

Asimismo, indicó que es «extremadamente difícil» incrementar las ayudas para la gestión de crisis.

En relación a las ayudas por hectárea, recordó que serán válidas también para los productos en fresco e implica poner fin a la prohibición de plantar frutas o verduras en parcelas que perciben subvenciones por otros sectores agrícolas.