Miguel Ángel Miralles tomó posesión el pasado enero como director gerente del nuevo Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Hasta entonces era el subdirector de los servicios sociales del Issorm y gestionaba los centros, servicios y plazas públicas relacionadas con mayores, discapacitados y enfermos mentales crónicos, así como los centros de valoración de minusvalías.

-Durante las últimas semanas ha estado dando a conocer la nueva ley de Dependencia a los mayores, ¿en qué han consistido esas charlas?

-Desde febrero hemos visitado 17 centros de día y he de decir que la respuesta han sido magnífica, ya que hemos contado con 1.700 personas. Durante esas charlas, a las que me acompaña el director general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, Ginés Cánovas, hemos podido explicar los detalles de la ley y resolver las dudas sobre qué ayudas se prevén, cómo, dónde y quién podrá presentar las solicitudes, etcétera.

-¿Cuáles son las principales preocupaciones de los mayores?

-Al igual que el Gobierno regional, están preocupadas por la falta de concreción de la ley. El Estado tiene aún que determinar qué mínimos va a garantizar y financiar y, a partir de ahí, conveniar con cada comunidad autónoma. Los dependientes quieren saber de qué recursos van a disponerse y, en definitiva, en qué grado van a estar atendidos. Es una situación preocupante, porque afecta a muchas personas con necesidades graves, pero imposible de acelerar para las comunidades en tanto el Ministerio de Trabajo no impulse la normativa. No obstante, la Consejería mantendrá las ayudas sociales de que dispone para estas personas y que cubren cualquier situación de necesidad.

-¿En qué les beneficiará la nueva ley?

-La nueva norma es el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia, les proporciona un marco jurídico que garantiza su atención y la promoción de su autonomía personal. Se trata de una respuesta reglamentaria a las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse bajo una situación de vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y ejercer sus derechos de ciudadanía.

-¿Y a las cooperativas?

-La aplicación de la ley lleva consigo la prestación de unos servicios concretos, como la ayuda a domicilio, los servicios de estancias diurnas, los cuidadores personales, etcétera, donde la fórmula del cooperativismo adquiere más fuerza y razón de ser. Las empresas de economía social, por su carácter emprendedor, profesionalidad y flexibilidad constituyen una fórmula que ha demostrado una evolución positiva a lo largo de los años.

-¿En qué ámbitos se generarán más puestos de empleo?

-El último estudio realizado por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) sobre nuevos yacimientos de empleo en la Región revela que, para los próximos cuatro años, el ámbito de servicios a domicilio es el que presenta mayor potencial de creación de puestos de trabajo, con 10.111 empleos adicionales a los que ya existen.

-¿Qué opina de los baremos establecidos en la ley?

-Miden y fijan la capacidad de la persona dependiente para realizar actos normales de la vida, como son comer, vestirse, desplazarse, asearse... He de decir que estamos contentos con el resultado, entre otras cosas porque, gracias al esfuerzo del PP, los baremos incluyen hoy a los menores de tres años y a las personas con discapacidad psíquica y a enfermos mentales crónicos. Los baremos medirán la gravedad de estas situaciones y establecerá hasta tres grados. Pero durante este primer año sólo se atenderán a los de grado III, considerados grandes dependientes.

-¿Qué proyectos desarrollará el IMAS durante este año?

-Centrará su actuación en las tres áreas sociales que soportan la mayor demanda de nuestra sociedad. Me estoy refiriendo al área de personas mayores, con especial atención a las dependientes; el área de las personas con discapacidad y el área de las personas en exclusión o riesgo de exclusión social. Para atender a todos ello, el Instituto cuenta con un presupuesto de 142 millones.

-¿Y los proyectos más significativos?

-Destacan la construcción de un nuevo centro ocupacional para personas con discapacidad psíquica en Churra; la construcción y equipamiento de una residencia para mayores; otra residencia psicogeriátrica en El Palmar y la adaptación de la residencia de mayores de Fuente Cubas, en Cartagena, con un presupuesto de 21,7 millones. Además, crearemos 664 nuevas plazas residenciales para mayores, 75 plazas en los centros de día, y 185 nuevas plazas residenciales para personas con discapacidad. A todo ello, hay que incluir las líneas de subvención para la construcción y equipamiento de centros, el programa de respiro familiar, Turismo Senior o las líneas de ayuda para programas de inclusión social. Como ve, es un importante esfuerzo para atender las necesidades de los más vulnerables. ¿Qué incluye el acta de una asamblea General?

-El acta de la sesión -firmada por el presidente y el secretario- irá encabezada por el anuncio de la convocatoria o el orden del día, la constancia que se reúne el quórum exigido, indicando si se constituye en primera o segunda convocatoria; un resumen de las deliberaciones sobre cada asunto; las intervenciones que los asistentes hayan solicitado que consten en acta y los acuerdos tomados, indicando los términos de la votación y los resultados de cada una. Se acompañará la lista de socios asistentes o representados.

¿Qué tipo de mayorías hay?

-Puede ser por unanimidad o mayoría simple (cuando votan a favor de la propuesta más de la mitad de los socios presentes o representados). Para la elección de miembros del Consejo Rector se exige mayoría relativa o mayor cantidad de votos. Para acuerdos relevantes se requieren dos tercios de los socios presentes y representados. Tales acuerdos son: modificación de estatutos; fusión, escisión, transformación; cesión del activo; emisión de obligaciones ; disolución de la cooperativa; acción de responsabilidad contra los consejeros y revocación de consejeros cuando no conste en el orden del día. Los acuerdos afectarán a todos, incluso a ausentes y disidentes. Abstenciones y votos en blanco no computan.

¿Cómo impugnar un acuerdo?

-Es necesario, además de reunir la condición de socio, hacer constar en acta la oposición al acuerdo y presentar la impugnación dentro de los plazos establecidos legalmente. Los acuerdos impugnables se clasifican en dos grupos. Por un lado están los nulos, aquellos que son contrarios a ley. Por otro, los anulables: los que se oponen a estatutos o los que lesionen en beneficio de uno, varios socios o terceros los intereses de la cooperativa. Esta distinción es importante, porque los plazos y los sujetos varían según el caso.

Para los acuerdos nulos, están legitimados los socios, consejeros, administradores, miembros de la comisión de control y cualquier tercero con interés legítimo. El plazo es de un año desde la fecha de adopción o desde la fecha de la inscripción en el Registro de Cooperativas de Murcia. En los anulables, están legitimados los socios asistentes que hubieran hecho constar en el acta su oposición, los ausentes, los que hubieran sido privados ilegítimamente del voto, los consejeros, los administradores y los miembros de la comisión de control. El plazo es de 40 días.

Podéis hacer llegar vuestras consultas a la dirección de Internet ucomur@ucomur.org y serán publicadas en este apartado.