La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen voluntariamente para satisfacer sus aspiraciones y necesidades económicas, sociales y culturales comunes, a través de una empresa cuya propiedad es colectiva y en la que el poder se ejerce de manera democrática.

La sociedad cooperativa no es solamente una forma jurídica más. A diferencia del resto de formas jurídica, la forma cooperativa tiene consecuencias automáticas sobre su titularidad, régimen interno, finalidad y asignación de recursos, efectos que no están presentes en las sociedades de capital.

En su especificidad encontramos la adhesión voluntaria y abierta a todas las personas; la gestión democrática, que proclama la igualdad básica de todos los socios y socias; el carácter instrumental y subordinado del capital, que condiciona que los resultados no puedan ser distribuidos entre las personas socias en función del capital sino en función de las actividades que dichas personas realicen en la cooperativa.

A diferencia de las sociedades de capital, las cooperativas están obligadas a dotar reservas legales con cargo a los beneficios, con la particularidad de que dichas reservas no son propiedad de los socios y, además no son repartibles (incluso en caso de liquidación). Estas reservas, por sus características, son recursos que parecen tener puntos de contacto con cargos de naturaleza similar a las impuestos que, en lugar de ser gestionados por el Estado, son administrados por la cooperativa, pero siempre para su destino hacia las finalidades fijadas por ley.

Tales especificidades conducen a las cooperativas al cumplimiento de una función social, que se concreta en contribuir a la cohesión social mediante una distribución equitativa de la riqueza. Ya no es el capital el que protagoniza la distribución de la riqueza, sino el trabajo y las operaciones desarrolladas entre el socio/a y la cooperativa.

Esta función social cumple también una función de importancia, al contribuir a la gestión del presupuesto público del Gobierno. Y se manifiesta en la prestación de servicios sociales de muchas cooperativas, que complementan y colaboran con la actuación del Estado en este ámbito, mediante procedimientos de menor coste y mayor eficacia social que los del Estado, y de mayor cohesión que los aportados por empresas privadas propiedad de inversores.