El Consejo Económico y Social aprobó en su último pleno de junio el dictamen sobre el proyecto de ley de las Empresas de Inserción. Es el paso previo a su presentación por el Gobierno en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

La elaboración del proyecto de ley ha sido larga, buscando el consenso de las partes implicadas y la mejor de las regulaciones para conseguir que las personas en situación de exclusión social puedan insertarse laboralmente en la sociedad.

Durante la tramitación en el CES del proyecto se puso de manifiesto la importancia de la regulación de esta categoría de empresas pero, al mismo tiempo, se evidenció que se asiste a una cierta marginación de las organizaciones representativas de las empresas de inserción que se encuentran incluidas en la denominada Economía Social.

El texto elaborado por el Gobierno contemplaba la presencia de las organizaciones representativas de las empresas de inserción. Sin embargo, en el texto final aprobado por el CES, esta participación y presencia han desaparecido, permaneciendo como únicos interlocutores sociales la patronal y los sindicatos. Ante esta situación, desde la Economía Social se presentó un voto particular, en orden a reponer el texto elaborado por el Gobierno, sin que dicho voto fuera aceptado.

Tal actuación resulta preocupante, porque en la sociedad no sólo existen el negro y el blanco, existen muchos matices de grises. Entre esos matices se encuentra la Economía Social, fórmula amplia que integra a las cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, mutualidades y asociaciones. Entidades todas ellas que tienen en común una serie de principios como el de la primacía de la persona sobre el capital, la democracia, la solidaridad, la preocupación por el entorno... Entidades que se unieron hace más de una década para defender a sus asociados, para hacer oir su voz en las mesas e instituciones en las que individualmente no se las escuchaba. Han pasado los años, se ha avanzado con pasos cortos pero seguros. Sin embargo, se ha vuelto a comprobar que, cuando el Gobierno abre la posibilidad de participación a otras entidades que no son las habituales de todos los procesos negociadores, se produce la eliminación del texto, la oposición a las propuestas presentadas. En definitiva, la exclusión de otros agentes.