El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sentado las bases para comenzar a impartir programas de formación profesional que preparen a inmigrantes en sus países de origen con el objetivo de que, a corto plazo, puedan atender a las personas dependientes. Con ello pretende animar a los trabajadores extranjeros a que se incorporen a dicha actividad, bien como asalariados, bien como cooperativistas.

A pesar de que el Ministerio niega que ya se hayan puesto en marcha estos cursos e insiste en que «no se ha avanzado ni se sabe nada» de esos proyectos de formación, lo cierto es que una orden ministerial de febrero, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), regula tal posibilidad.

Este mandato permite que empresas y organizaciones puedan formar y contratar a inmigrantes como auxiliares de enfermería de geriatría, asistentes domiciliarios y asistentes-acompañantes de personas. La orden regula, en concreto, las subvenciones que se pueden otorgar para financiar los programas destinados a la formación e inserción laboral de trabajadores inmigrantes.

Una vez finalizado el periodo de preparación, las entidades que han impartido esos cursos están obligadas a contratar a parte de sus alumnos, «preferentemente por tiempo indefinido».

La formación y la posterior contratación se realizarán para ocupaciones que se encuentren «en el contingente de trabajadores extranjeros en vigor o en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura».

Y tanto en uno como en otro documento aparecen profesiones relacionadas con el cuidado a las personas dependientes: en concreto, auxiliar de enfermería de geriatría, asistente domiciliario, asistente-acompañante de personas y cuidador.

Por tanto, para todos esos casos el Gobierno concederá subvenciones y ayudas a empresas, fundaciones, sindicatos y asociaciones de cooperativas que formen a inmigrantes en sus países de origen y después «asuman el compromiso de contratación de un porcentaje» de ellos.

Junto a las ocupaciones relacionadas con la dependencia aparecen otras del sector de la construcción, de servicios y hasta licenciaturas de diferentes especialidades de medicina.

Los programas de formación, que serán gratuitos para los inmigrantes, pueden ser impartidos tanto por entidades públicas como privadas, así como españolas y extranjeras. La orden ministerial recoge que en la selección de los alumnos podrán participar las embajadas y las consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales de las comunidades. Las subvenciones que se concedan se cargarán al Servicio Público de Empleo Estable, para su gestión directa en los Presupuestos Generales del Estado.

Un filón de empleo

De esta forma se abre la puerta a la formación y contratación de inmigrantes para un sector, como la atención a las personas dependientes, que se ha convertido en un nuevo filón de empleo desde donde lloverán miles de ofertas durante los próximos años para muchos tipos de profesionales.

No en vano, cuando la ley de dependencia se encuentre totalmente implantada y a pleno rendimiento, en 2015, recibirán asistencia más de 1,2 millones de españoles que precisan ayuda para realizar tareas básicas de su vida diaria. Y se calcula que para resolver esas situaciones se crearán alrededor de 300.000 nuevos puestos de trabajo, de los que más de 10.000 corresponderán a cooperativas de trabajo asociado de la Comunidad murciana.