El año que acaba sólo ha servido para acentuar las diferencias entre el Gobierno regional y el Gobierno central sobre la política hidrológica. El PP y el PSOE apenas han cosechado avances y mantienen las espadas en alto sobre el derogado trasvase del Ebro. Tan sólo han establecido una tregua en torno a las desalinizadoras. El 2005 termina con los pantanos de la cabecera del Tajo exhaustos y sin apenas excedentes debido a la brutal sequía; así como con la postura implacable del Gobierno de Castilla-La Mancha y de todos los partidos políticos de la vecina comunidad exigiendo el fin del Trasvase Tajo-Segura. En el escenario exclusivamente murciano, la creciente crispación entre el PP y el PSOE a cuenta del agua no ha defraudado a los más pesimistas.

Comenzó el año con un tropiezo del Ministerio de Medio Ambiente, que para justificar la decisión del PSOE de derogar el trasvase del Ebro hizo públicos los informes de los expertos para tratar de demostrar que, por goleada, ganaban en número aquellos estudios que denostaban el nuevo acueducto. La página web del Ministerio, sin embargo, no hacía honor a la realidad, ya que el departamento de Cristina Narbona se vio en la obligación de corregir ese ránking al denunciar La Verdad que media docena estaban mal clasificados; al tiempo que otro número significativo de expertos no se pronunciaban sobre el Trasvase. El Ministerio tuvo que corregir la clasificación y pedir disculpas a varios autores. Al final se demostró que no había tanta diferencia entre los informes a favor y en contra.

El ultimátum de ERC

Una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña le jugó en el Congreso otra mala pasada al Gobierno central, al proclamar, y así quedó reflejado en el Diario de Sesiones, que el partido de Carod Rovira le había dado un ultimátum a Rodríguez Zapatero para que derogara el Trasvase del Ebro, a cambio del apoyo a la investidura del líder socialista. Mientras tanto, la reforma del Plan Hidrológico Nacional y la eliminación de este acueducto culminó su tramitación parlamentaria con el traje legal adecuado al rango legislativo que se pretendía. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, reanudó su compromiso de resucitar este trasvase cuando llegue a gobernar. Este desafío del PP no hizo sino crear desasosiego en el Gobierno de Aragón y sus socios.

En Aragón está creciendo el rechazo a la pretensión del Gobierno de Cataluña de controlar el delta del Ebro, a través de un caudal ecológico, que a la postre determinaría los usos del resto de la cuenca.

Pero el principal conflicto mira hacia otro lado; hacia Castilla-La Mancha. Lejos de apaciguarse la polémica alentada por el Gobierno socialista de José María Barreda, que exigió en el año 2004 la eliminación del Trasvase Tajo-Segura, movido por la derogación del Trasvase del Ebro, el enfrentamiento territorial a nivel político no ha hecho más que aumentar. La tensión llegó a tal extremo que la ministra Cristina Narbona y sus acompañantes sufrieron un intento de agresión en Murcia, después de que los regantes se manifestaran ante la sede de la CAM -donde Narbona dio una conferencia- para exigir la continuidad del Tajo-Segura.

El helicóptero de Barreda

El incidente, que el PSOE atribuyó a grupos de incontrolados afines al PP, no impidió que el Congreso aprobará la reforma legal del PHN que permitía la revisión a la baja de los caudales trasvasados al Segura, y la reforma de las reglas de explotación en la próxima legislatura para beneplácito del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En realidad, la puerta a esta reforma la había abierto el Gobierno anterior del PP. La modificación legal reconocía al mismo tiempo los derechos de la Cuenca del Segura sobre los excedentes del Tajo, y supeditaba la reducción de los envíos a que primero quedan atendidas todas las demandas de la Región de Murcia. Al tiempo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró a Ramón Luis Valcárcel que el acueducto no peligrada.

El segundo episodio sobre el Tajo-Segura se produjo en verano, cuando el Consejo de Ministros autorizó un desembalse de 43 hectómetros para los regadíos, frente a los 120 solicitados para el estío. Eso motivó una de las mayores manifestaciones celebradas en Murcia, con miles de personas que se echaron a las calles para exigir el agua del Tajo y en defensa de la continuidad del acueducto. El Sindicato Central de Regantes del Trasvase elaboró un informe alertando de la pérdida de 15.000 empleos y la destrucción de miles de hectáreas de cultivos arbóreos, mientras dada por perdido los herbáceos. Comenzaron los primeros arranques de frutales en la vega media.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lanzó un golpe de efecto que a la postre le otorgó pobres réditos políticos y sociales, cuando dio a conocer un informe encargado por el equipo de Barreda para tratar de demostrar que había agua de sobra en la cuenca del Segura almacenada en cientos de balsas. Para ello encargó un vuelo en helicóptero que fotografió las zonas de riego. Pero esta hazaña se le volvió en contra tras comprobarse que una de las fotografías difundidas estaba manipulada: correspondía a una depuradora de lagunaje, y no a una balsa de riego.

El Gobierno de Barreda, y los anteriores de José Bono, están quedando cada vez más en evidencia al comprobarse la mala gestión hidráulica en Castilla-La Mancha, donde los miles de pozos ilegales ha dejado gravemente afectado el parque nacional de Las Tablas de Daimiel, que necesita aportaciones de la cabecera del Tajo para su supervivencia.

Pozos y decreto de sequía

La oposición tenaz de José María Barreda fue radicalizándose conforme le presionaba el presidente del PP de Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, cuya formación ha llegado al extremo de pedir que no se envíe agua para los abastecimientos. El Ejecutivo castellano manchego ha mantenido también el pressing sobre las obras del túnel Talave-Cenajo y la conexión Fuensanta-Taibilla. Su reiterado boicot, que ha puesto en evidencia al Gobierno de Rodríguez Zapatero, se ha levantado días atrás después de que la Comisión Europea rechazara las quejas medioambientales presentadas contra estos dos proyectos. No obstante, lo único que vale a estas alturas es ver las obras en marcha definitivamente.

La sequía siguió recrudeciéndose y a finales de septiembre el Consejo de Ministros no autorizó ningún desembalse para los regadíos. El trasvase cero, que ya se había producido en tiempos del PP, volvió a soliviantar los ánimos, pero en esta ocasión la evidencia de que la cabecera del Tajo no tenía apenas excedentes sirvió para amortiguar las protestas en ciernes. Se comprobó, pues, que el Ministerio y el Gobierno central había actuado con responsabilidad y prudencia al no autorizar más agua para regar, toda vez que podían peligrar incluso los abastecimientos a la población.

Un mes después, el Consejo de Ministros decidió enviar un mini trasvase de 18 hectómetros para paliar el desastre, lo cual se complementó con la apertura de pozos de sequía, aunque la mayoría iban para los regadíos tradicionales. En los dos trasvases para riego autorizados por el Consejo de Ministros desde que el Tajo entró en estado de emergencia, el ministro de Defensa José Bono y ex presidente de Castilla-La Mancha no ha asistido a las deliberaciones.

Mientras la cabecera del Tajo languidece y los regantes hacen ruegos por su recuperación, los vecinos de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía denuncian que en estos 25 años de trasvase son han visto ni un euro de las compensaciones millonarias que recibe el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Más campos de golf

El decreto de sequía de la cuenca del Segura vino a reconocer oficialmente una situación de penuria hídrica que sólo se puede combatir con un manojo de medidas excepcionales y de plenos poderes para la Confederación Hidrográfica, que está facultada para modificar usos concesionales, reordenar la asignaciones y abrir más pozos de sequía. Al mismo tiempo, la reforma de la Ley de Aguas faculta a la Confederación a emitir un informe previo sobre las disponibilidades de agua para los nuevos desarrollos urbanísticos, con la advertencia de que el silencio administrativo, a diferencia del estatus anterior, se interpreta como negativo.

El Ministerio de Medio Ambiente, no obstante, no practica el tremendismo de otras instancias políticas y sociales sobre la bondad o maldad de los campos de golf, toda vez que ha dado luz verde a una veintena de nuevas instalaciones que se regarán con aguas residuales depuradas.

Los peor, sin embargo, estaba por llegar, puesto que la cabecera del Tajo sigue tocando más fondo debido a la falta de aportaciones en el peor año de sequía de los que se tienen registros oficiales. Hasta tal punto que un informe técnico del Ministerio aconsejaba que no se derivaran más de 60 hectómetros del Tajo al Segura para los regadíos durante este año hidrológico que finaliza en octubre del 2006. En la cuenca del Segura la situación es todavía peor, con seis veces menos de agua en aportaciones durante este otoño.