A DESALINIZAR. El consejero Antonio Cerdá, a la izquierda, después de probar el agua de la planta de San Pedro. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM
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La ministra Cristina Narbona inauguró en mayo la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar, que empezó a funcionar a medio gas, y con numerosas dificultades, debido a que no tenía terminado el emisario submarino que debe depositar la salmuera cinco kilómetros mar adentro. El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, llevado por la euforia, proclamó que ese día había nacido un nuevo río para la cuenca del Segura. El Ministerio necesitaba mostrar este logro -aunque la desalinizadora fue iniciada por el PP, después de que José Borrell la aprobara en 1995- para responder a su promesa de que en el plazo de un año aportaría nuevos caudales a la Región de Murcia. El programa de desalinización sigue adelante con un generoso desembolso de inversiones por parte del Ministerio, que no escatima un euro para las fábricas de agua y para modernizar regadíos como medio de optimizar el consumo.
Los cálculos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y de las sociedades Acuamed y AcSegura apuntan a que se pueden obtener 350 hectómetros por desalinización (146 para abastecimientos, 110 para regadíos y 100 en reutilización).
El Gobierno regional, por su parte, puso en marcha el Ente Público del Agua para aportar nuevos caudales a través de la desalinización.
La desalinización lleva aparejado el incremento progresivo de las tarifas de agua para los abastecimientos. Subió un 23% en el año 2003, con el apoyo del PP; y ahora lo ha hecho en un 17,5% con el apoyo del PSOE y el rechazo de los populares, cuyos alcaldes se opusieron casi en bloque en la última reunión del Consejo de Administración de la Mancomunidad. El último motivo de discusión entre PSOE y PP viene de la mano del real decreto que autoriza el intercambio de derechos de agua entre diversas cuencas hidrográficas, y que se considera un anticipo de los futuros bancos de agua que se aprobarán la próxima primavera con una reforma más profunda de la Ley de Aguas. Los regantes son partidarios de esta fórmula, aunque recelan de la disposición que computa estas transferencias como caudales trasvasables. Esperan adquirir entre 40 y 60 hectómetros de otras comunidades de regantes del Alto Tajo que no necesitarán estos caudales. Un pequeño respiro cuyos resultados están por ver.