La revolución digital que vivimos pone a disposición de cualquier ciudadano todos los medios necesarios para realizar contenidos multimedia de calidad, que además, pueden ser ofrecidos a otros usuarios, sin graves impedimentos técnicos o económicos. Los dispositivos que hace unos años sólo estaban al alcance de multinacionales o profesionales especializados en imagen y sonido, hoy están a disposición de cualquier estudiante de ESO, y aunque aún no somos plenamente conscientes de sus posibilidades, experiencias como Youtube, eMule, Kazaa, etc, demuestran que la revolución digital de contenidos va a ser protagonizada por ciudadanos anónimos, con mentalidad abierta, dispuestos a alcanzar el éxito desde la innovación, y también, desde la provocación.

Para impulsar la innovación es preciso favorecer la creatividad individual y para ello nada mejor que las aplicaciones P2P (intercambio gratuito de ficheros) que permiten rapidez y máxima difusión de contenidos a través de Internet. La innovación surge desde la especialización y del conocimiento del detalle, nunca desde los estantes de un supermercado de venta generalista. Los ciudadanos ya se han pronunciado: los intercambios P2P suponen el 80% del tráfico de datos en las redes de telecomunicación y su índice de crecimiento se duplica cada seis meses. No hay duda, los ciudadanos desean ser consumidores activos. El problema surge al tratar de garantizar los derechos de artistas y creadores, frente a la libertad del ciudadano para utilizar los medios técnicos disponibles.

La respuesta a este dilema no puede ser desde la imposición de un canon indiscriminado sobre la venta de cualquier producto tecnológico (desde grabadores y reproductores hasta un simple cedé de almacenamiento o una impresora), puesto que además de limitar la capacidad de innovación social, reduce el derecho a la libertad de elección, aplicando un restrictivo impuesto que perjudica especialmente a los más desfavorecidos. Tampoco parece razonable perseguir el intercambio P2P, pues sería como culpar al mensajero sobre el fondo del problema. A los creadores hay que retribuirles, pero no de cualquier manera, sino de forma justa y equilibrada.

Desde el poder legislativo o ejecutivo no se pueden impulsar normas contra los intereses generales. Aplicar un canon indiscriminado o permitir a las entidades gestoras de los derechos audiovisuales la capacidad de bloquear contenidos en Internet, además de irracional, es perjudicial para nuestra salud intelectual. ¿Cuál es la razón para aplicar un canon indiscriminado a cualquier dispositivo multimedia? Deben buscarse soluciones tecnológicas que, facilitando la libertad del individuo a decidir, retribuyan dignamente a los creadores. Los ingenieros de Telecomunicación afirmamos que existen respuestas técnicas al problema y en ello estamos trabajando.