Ocurre
con una periodicidad más o menos anual. De repente,
un papá o mamá de pro se pasea por la habitación
de los niños y descubre, con honda consternación,
que sus retoños están jugando a una salvajada
de videojuego donde abunda la casquería, el lenguaje
soez y los tratamientos vejatorios. Cuando coincide que
el horrorizado progenitor es, además, un miembro
importante de la comunidad, no tarda en generarse una
ola de reacciones en las altas esferas. Políticos,
psicólogos, periodistas y mentes bienpensantes
se rasgan las vestiduras mientras debaten la necesidad
de prohibir esta corrupta y escandalosa forma de entretenimiento
tan tristemente propia de los tiempos que corren.
La más reciente reacción condenatoria
de los videojuegos se produjo en el último Consejo
informal de Ministros de Justicia e Interior de la Unión
Europea, celebrado en la ciudad alemana de Dresde. La
voz de alarma la dio la salida al mercado, en noviembre
pasado, de un videojuego llamado Rule of Rose,
en el que se muestran todo tipo de ritos de extrema
crueldad realizados por una sociedad secreta de tiernos
infantes en un orfanato.
El juego, de terror y calificado para mayores de 16
años, ha sido prohibido en Gran Bretaña
y su venta se ha retrasado sine die en España.
Ese mismo mes, un alumno de instituto de Renania del
Norte-Westfalia, al oeste de Alemania, entró
armado hasta los dientes en su centro escolar hiriendo
a 37 personas. El joven, fanático de los videojuegos
y las armas de fuego, se atrincheró en el centro
y se suicidó antes de ser apresado por la Policía.
A propósito de tan macabros sucesos, los ministros
de Justicia de la UE se han puesto manos a la obra para
tomar medidas contra la difusión de juegos de
contenido violento. El comisario europeo de Justicia,
Seguridad y Libertades, Franco Frattini, anunció
que la Unión Europea pondrá en marcha
una fuerte ofensiva contra los juegos de carácter
violento ante la falta de control en la venta de este
tipo de artículos a menores.
Una de las primeras medidas, que verá la luz
en este semestre, consistirá en la confección
de una lista negra de títulos que sirva de guía
a los estados miembros para prohibir la venta de determinados
juegos. Frattini admitió la imposibilidad de
establecer una prohibición general para toda
la UE y puntualizó que la decisión última
sobre qué títulos prohibir corresponde
al gobierno de cada país.
Penalizar la venta
Durante el encuentro, se proyectaron imágenes
de varios videojuegos que fueron tachadas de «espeluznantes»
por Juan Fernando López Aguilar, ministro de
Justicia español. Aguilar explicó que
la reunión sirvió para crear un grupo
de trabajo. La comisión tendrá como objetivo
homogeneizar las distintas legislaciones de cada país
y buscar instrumentos que permitan la represión
penal de la venta de videojuegos que inciten a la violencia.
Uno de los principales problemas de este tipo de productos
es que no existe un sistema de control por el que se
garantice que las tiendas no venden juegos inapropiados
a menores de edad. Franco Fratini manifestó la
necesidad de crear un mecanismo de control que se traduzca
en sanciones penales contra los vendedores en caso necesario.
Las tiendas de videojuegos no son, a juicio de los
responsables de la UE, las únicas culpables en
el asunto. La mayor parte de los juegos que salen al
mercado se difunden también (legal o ilegalmente)
a través de Internet y la red de redes es bastante
más difícil de controlar. En palabras
de la ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries,
«es como prohibir la lluvia». La difusión
de un juego violento a través de Internet puede
frenarse si su origen está en la UE, pero nada
puede hacerse si el servidor en que se encuentra se
halla fuera del marco legal europeo. Zypries destacó
que la legislación actual es suficiente, pero
que no se aplica con el suficiente rigor.
La titular alemana de Justicia no andaba descaminada
porque, en realidad, sí existe una normativa
paneuropea. Actualmente, los videojuegos están
sujetos a un código de regulación tan
estricto que ya lo quisiera para sí la industria
del cine. Se trata del sistema Pan European Game
Information o Pegi. El código ha sido desarrollado
por la Federación Europea de Software Interactivo
en colaboración con el Instituto de Clasificación
de Material Audiovisual de Holanda (Nicam). El sistema
se utiliza en 27 países de Europa y, aunque no
es obligatorio, se someten a él todos los principales
desarrolladores de videojuegos de dentro y fuera de
la UE. En España, lo usan todas las compañías
adscritas a la Asociación Española de
Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento.
Pegi clasifica cada juego en un rango de edades recomendadas
que van desde los 3 a los 18 años. Además,
el código obliga a mostrar, en caso necesario,
varias etiquetas informativas sobre el tipo de contenidos
que se pueden encontrar en el juego. Entre esas etiquetas
se incluyen las que avisan de contenidos violentos,
discriminatorios o sexistas, el lenguaje malsonante
o el uso de drogas. Cada juego que se acoge al sistema
Pegi está obligado a mostrar de forma visible
esas etiquetas en el frontal y parte trasera de la carátula.
Si el código existe, ¿dónde está
el fallo? La mayor parte de las veces es algo tan sencillo
como que el comprador pasa olímpicamente de leer
las etiquetas cuando compra un videojuego. El propio
significado del término (video-juego) evoca un
producto lúdico destinado al público infantil
y muchos padres aún creen ceporramente
en la leyenda urbana de que los videojuegos son juguetes
y todos son aptos para menores, lo que es un craso error.
Eso cuando no se aplica aquel viejo refrán castellano
de ojos que no ven, corazón que no siente
y se permite a los menores comprar juegos sin supervisión.
Otras formas de ocio
El fenómeno también se aplica
a otras formas de entretenimiento. Hoy en día
es perfectamente normal ver a papás y mamás
acudir al cine con sus retoños para ver películas
clasificadas como aptas sólo para mayores de
16 o 18 años. Y más de la mitad de las
producciones de Hollywood entran dentro de esta categoría.
Igualmente, en grandes almacenes y videoclubes es perfectamente
posible adquirir películas tan poco recomendables
para una mente en formación como Hostel,
Holocausto caníbal o Kill Bill.
Y si el menor no encuentra a un irresponsable que le
venda el juego siempre puede comprarlo en el top manta
o descargarlo de Internet.
Asumiendo como probada la relación directa entre
las conductas violentas en menores y adolescentes y
el consumo indiscriminado de juegos o películas
de contenido violento, no se entiende la pasividad de
muchos padres a la hora de preocuparse por la salud
mental de sus retoños. Prohibir la venta de determinados
videojuegos no parece una solución al problema
ya que animará a los menores a hacerse con el
producto vetado por pura curiosidad.
Sólo la educación y la supervisión
por parte de los adultos podría ser efectiva.
Y para eso primero hay que conseguir que los adultos
dejen de comportarse como niños y recurran a
la manida opción de la pataleta cuando ven que
el plato ya se ha roto y no tiene solución.