Lo primero que miramos de un producto es su precio. Luego, preocupados por la dieta y la salud, hemos aprendido a examinar también otra información que aparece en el envoltorio, de forma que los contenidos en calorías y colesterol se convierten igualmente en discriminatorios a la hora de elegir entre tipos de productos y marcas.Ahora llega otra etiqueta a los supermercados de la mano del interés por el cambio climático: la huella de emisión de dióxido de carbono. De este modo, podemos hacer militancia directa con nuestro bolsillo en la campaña para la reducción de los gases de efecto invernadero..
La iniciativa se aplica aún en pocos lugares, pero por ella se están interesando grandes marcas. La primera en sumarse ha sido Walkers, un productor británico de patatas fritas perteneciente a la multinacional Pepsico. Walkers ha comenzado a señalar en sus bolsas de patatas la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que se emite en toda la cadena de alimentación, desde que las patatas son sembradas en el campo hasta que llegan al consumidor.
Así, una bolsa con un contenido de 33,5 gramos de producto supone la emisión de 75 gramos de CO2, cantidad que incluye la contaminación causada por los tractores que aran, los camiones que distribuyen y la fabricación e impresión de las bolsas.
De momento se trata de una cifra aislada que dice poco, pero cuando el comprador pueda comparar con bolsas de patatas de otras marcas tendrá un elemento para elegir entre unos productores y otros. Coca-Cola, Cadbury y otras compañías están siguiendo los pasos de Walkers. Todas han firmado un acuerdo con Carbon Trust, una entidad puesta en marcha por el Gobierno británico para auditar la huella de carbono de los alimentos y otros bienes de consumo. Quienes forman parte del programa, iniciado en el año 2007, se comprometen a rebajar en dos años los niveles de contaminación generados por sus distintos productos.
Un importante impulso al plan lo ha dado Tesco, la mayor gran superficie del Reino Unido, que ya tiene en las estanterías de sus establecimientos hasta veinte artículos con la etiqueta de la huella de carbono. También la tienen varias líneas de productos propios de Boots, la principal cadena británica de elementos de belleza y salud.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha defendido la generalización en toda la UE de esta etiqueta del carbono, pero la iniciativa no cuenta por ahora con suficiente apoyo. La actual etiqueta ecológica de la UE se limita a certificar mediante el símbolo de una flor que determinados productos son respetuosos con el medio ambiente, atendiendo a la presencia o no de elementos químicos agresivos principalmente en materiales de limpieza, lubricantes, papeles y textiles. Un estudio encargado por la Comisión Europea está analizando la posibilidad de extender la marca de la flor a la evaluación sobre emisiones de CO2.
Según destaca la Carbon Trust británica, el éxito de la campaña que ha emprendido se debe a su carácter voluntario, de forma que las empresas que participan en el programa ven la auditoría sobre la huella del carbono como una oportunidad para ganar perfil en el mercado frente a competidores. Un estudio realizado el año pasado indicó que las dos terceras partes de los consumidores encuestados preferirían comprar productos que hayan generado una baja emisión de gases contaminantes.
Para Evan Murray, director de Carbon Trust, la etiqueta ayudará a los consumidores a ser conscientes del grado con el que contribuyen al calentamiento del planeta con sus compras diarias. «Más de la mitad de la huella de carbono del consumidor medio está generada por las emisiones realizadas para producir, usar y eliminar las cosas que compramos», afirma Murray.
Para la medición, la Carbon Trust utiliza la metodología Public Available Specification (PAS) 2050, que establece una serie de pautas para determinar las emisiones de gases con efecto invernadero de un producto o servicio.
Otras pautas para analizar la energía utilizada en el ciclo de los alimentos son las fijadas por un informe de 2000 de la Universidad de Estocolmo y el Instituto Federal de Tecnología Suizo, que analiza con detalle los múltiples elementos que concurren en la elaboración de productos alimenticios.
La etiqueta de la huella de carbono tal como está concebida en estos primeros pasos es relativizada por las organizaciones ecologistas, que presionan para la reducción de emisiones de CO2 por parte de los actores económicos. Esas voces indican que la información no debería limitarse a ofrecer una cifra final, sino un completo desglose que especifique la procedencia de sus mayores componentes.
En su opinión, no es lo mismo una alta cantidad de dióxido de carbono como la emitida por las granjas vacunas en origen, que la derivada del uso de combustible por el transporte aéreo para trasladar bienes de una punta a la otra del planeta,muchas de las veces de modo innecesario.
Los desplazamientos para poner en el mercado productos más baratos, bien procedentes de lugares donde la materia prima resulta más rentable de producir y recoger, o bien llevados a manufacturar, en un viaje de ida y vuelta, a países con salarios más bajos, tiene un coste en polución.
Ejemplos de ese trasiego hay para dar y vender: bacalao pescado frente a las costas de Noruega que es llevado a China y vuelve convertido en filetes; atún rojo de granjas marinas murcianas que es enviado por avión a Japón; vacas criadas en Brasil y Argentina cuya carne abastece a las hamburgueserías de todo el mundo; limones argentinos que llenan los supermercados españoles mientras parte de la producción propia se pudre.
La globalización de mercados ha hecho que la UE, que es el mayor importador de alimentos del mundo, haya incrementado sus importaciones un 20% en los últimos cinco años. Por su parte, el precio de la fruta y verdura frescas llegadas a Estados Unidos, que es el segundo importador, casi se duplicó entre 2000 y 2006 a consecuencia de las cada vez mayores distancias que cubren los alimentos.
Exención de tasas
El recargo sobre el precio, de todos modos, aún podría ser mayor. Un tratado internacional poco conocido por los ciudadanos, firmado en 1944, exime de impuestos el combustible utilizado en el transporte mundial de mercancías por aire.
Tampoco se aplican al comercio por barco las tasas que sí se cargan al combustible para el transporte por carretera. Crecientes voces del ecologismo reclaman que quienes intervienen en ese comercio paguen lo que contaminan. De entrada, la UE ha anunciado que todos los vuelos de mercancías que entren y salgan de su territorio serán incluidos en los cómputos del programa de reducción para 2012 de las emisiones contaminantes.
Lo mismo podría ocurrir con el comercio por barco si a finales de año no se ha llegado a un acuerdo con la Organización Marítima Internacional sobre varias alternativas para reducir los gases de efecto invernadero. Pero el pago de impuestos por la contaminación en el transporte de alimentos, además de encarecer sobre el precio final que paga el consumidor, podría perjudicar la competitividad de productos procedentes de países en vías de desarrollo, que gracias a la globalización de los mercados han experimentado un avance de sus economías e infraestructuras. La mejora de las carreteras en África, por ejemplo,ha permitido que las cosechas lleguen a Europa en cuatro días, cuando no hace mucho se requerían diez.
En la medida en que se extienda la etiqueta de la huella de carbono, en todo caso, el consumidor podrá incluir entre los elementos de toma de decisión en sus compras el de la contribución al cambio climático.
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