Cerca de diez mil empresas relacionadas con el sector de los aparatos eléctricos y electrónicos incumplen en España su obligación de sufragar el reciclado de dichos aparatos cuando se convierten en residuos. Y no sólo incumplen este precepto legal, sino que se apropian del «coste visible», que es la cantidad de dinero que se repercute a todos los consumidores en cada compra de aparatos nuevos para esta finalidad. Así lo denuncian nueve asociaciones y siete fundaciones del sector, que agrupan a los productores y los importadores con mayor peso, en sendas cartas dirigidas a los ministerios de Medio Ambiente e Industria.El decreto 208/2005 «sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos» establece que los productores e importadores de este tipo de aparatos tienen «la obligación de financiar la correcta gestión medioambiental de todos los aparatos eléctricos y electrónicos puestos por ellos en el mercado cuando devengan en residuo», desde el 13 de agosto de 2005.
Con este fin, el decreto implantaba el denominado «coste visible», el canon a pagar por los consumidores en cada compra hasta el año 2011, o 2013, según la categoría del producto. Este canon debe ser revertido por las empresas del sector para la correcta gestión medioambiental de los deshechos.
Para ello, los productores deben estar inscritos en el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previa comunicación de su declaración de productor a la comunidad autónoma en donde tengan su sede social.
Las asociaciones y fundaciones firmantes de la carta estiman que son apenas un millar las empresas inscritas en el mencionado registro, mientras que alrededor de diez mil no estarían inscritas y, por consiguiente, no harían frente a su obligación de financiar el reciclaje, incumpliendo la normativa vigente y defraudando las cantidades cobradas al consumidor en concepto de «coste visible». Este fraude podría ascender a unos 15 millones de euros anuales.
El millar de empresas registradas, las de mayor peso en un sector que mueve cada año alrededor de 180 millones de euros, hacen frente a la totalidad de los gastos de reciclado, ya que la normativa establece que las empresas registradas asumirán de forma proporcional el coste total del reciclaje.
Los sectores en los que se ha detectado un mayor índice de fraude son los de la informática, la electrónica de consumo, las herramientas eléctricas y el pequeño electrodoméstico. Los bienes en cuestión van desde cualquier pequeño juguete a pilas hasta una cadena musical, pasando por un ipod. La competencia en esta materia es de las administraciones autonómicas, que son las que tienen potestad sancionadora en materia de mercado.
Los costes de recogida y reciclado de los residuos de aparatos electrónicos corren a cargo de los fabricantes, pero éstos se trasladan al valor de los productos que venden, según la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicación (Asimelec). Eludir tales costes permite ofrecer precios más ajustados para las marcas que se quiere abrir camino en el mercado.
La asociación recuerda que, aunque la industria facilite el sistema de recogida y reciclado de los residuos, porque el citado decreto se lo exige, será el ciudadano quien tenga que dar el primer paso y tomar la decisión de reciclar los equipos que ya no vaya a utilizar.
Según Asimelec, el recoger dos kilos más o menos significan millones de euros y un esfuerzo que tiene que realizar la industria. La cantidad de residuos por habitante al año es uno de los puntos de discrepancia. Algunos sectores estiman la cantidad de residuos a reciclar en 6 kilogramos (un total de 240.000 toneladas al año), mientras que otros establecen un objetivo de un máximo de 4 kilogramos a cumplir voluntariamente tres años después de la entrada en vigor del decreto.
Según cálculos del sector, en el mercado español se ponen anualmente en circulación unas 25.000 toneladas de productos de ofimática (copiadoras, faxes, impresoras, ordenadores...), 1.500 toneladas de móviles y algo más de 10.000 toneladas de pilas.
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