Dos cigüeñas negras en el Alto Aragón, 60 buitres leonados en Burgos, otras 20 aves rapaces en Zamora... son sólo algunos de los casos de muerte por envenenamiento que el mes pasado se produjeron en nuestro país. Son cifras que podrían llevarnos a pensar que estamos en los años 60, cuando el uso del veneno causaba estragos en la fauna española, pero lo cierto es que es un problema actual, que se mantiene y que incluso va en aumento. Así lo denunció el pasado día 12 la organización ecologista Adena durante la presentación de un nuevo informe sobre el impacto que ha tenido el uso ilegal del veneno en la fauna de nuestro país en los últimos quince años.Y el impacto arroja una cifra de 20.000 aves rapaces, de las consideradas en peligro, envenenadas en los últimos quince años. El veneno es la principal causa de desaparición de cinco de las especies más emblemáticas de la fauna española: el quebrantahuesos, el milano real, el alimoche, el buitre negro y el águila imperial, todas ellas amparadas con algún grado de protección.
Según el informe El veneno en España, entre 1990 y 2003 la organización conservacionista ha recopilado más de 3.000 episodios de envenenamiento que afectaron a 7.261 ejemplares de fauna en toda España. Por comunidades, el mayor número de envenenamientos durante ese periodo se dio en Andalucía (1.070), seguida de Castilla y León (573), Castilla-La Mancha (496), Aragón (270), Extremadura (124) y Comunidad Valenciana (122).
«Estos son los cadáveres reales que se han encontrado -matiza Luis Suárez, responsable del Programa de Especies de Adena-, pero es una mínima parte de lo que realmente se está produciendo». Es sólo la punta del iceberg, porque según las estimaciones realizadas por esta organización, estas muertes representan sólo entre el 3 y el 15% del total de ejemplares de diversas especies que están cayendo por culpa del veneno. El porcentaje varía según la especie en cuestión. Para las cinco especies anteriormente citadas, que son las que suman esas 20.000 muertes entre 1990 y 2005, los datos de envenenamiento superan en algunos casos las cifras de su población actual. Algo «gravísimo», dice Suárez, si se tiene en cuenta que algunas de ellas son aves rapaces carroñeras que conservan en nuestro país sus últimas poblaciones europeas. Es el caso del buitre negro o el alimoche. De la primera se han encontrado en los últimos quince años 354 ejemplares envenenados, pero la estimación es que esto sólo representa el 6% de la mortalidad real, con lo que podríamos estar hablando de 5.600 ejemplares muertos, cuando la población actual es de 1.500 parejas. La misma población que el alimoche, del que se han encontrado 144 ejemplares muertos por veneno, sólo el 5 por ciento de lo que se estima como real, más de 2.800 ejemplares.
A punto de desaparecer
Pero el envenenamiento es también un factor crítico de mortalidad para especies en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica (79 ejemplares encontrados y una estimación de muertes de 530), que cuenta con una población de 216 parejas, y el quebrantahuesos (16 encontrados y 133 estimados).
Además, otra especie vulnerable muy afectada es el milano real, con 435 ejemplares encontrados en ese periodo, pero con una estimación de 14.500.
Las aves rapaces son las principales víctimas de esta práctica y, en segundo lugar, los mamíferos domésticos, en su mayoría, perros. Muchas veces son estas muertes de perros las que ponen en la pista al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre cebos envenenados en una determinada zona, pues no es fácil encontrar aves muertas en el campo.
Esto demuestra que los cebos «afectan de forma indiscriminada», explica Suárez, y lejos de ser un método de control de los depredadores, es una fórmula de eliminación masiva de fauna. Y es que no hay que olvidar que el veneno sigue ligado principalmente a la gestión de la caza menor. Se ve a los zorros y a otros carnívoros como competidores por las mismas presas, pero al final caen todo tipo de aves, animales domésticos e incluso osos pardos. Así, la reiterada presencia de veneno en toda la cordillera Cantábrica ha dado como resultado el hallazgo de seis osos muertos desde 1998, siendo una causa de amenaza cada vez más destacada para esta especie, de la que se estima que quedan en la Cordillera entre 130 y 150 animales.
No obstante, hay veces que el veneno no va ligado a la actividad cinegética. En este sentido, los responsables de la organización ecologista aprovecharon para criticar la reciente autorización de la Junta de Castilla y León al uso de un veneno para tratar de atajar una plaga de topillos campesinos en Palencia. Advirtieron de que el veneno utilizado ha afectado a liebres y a palomas domésticas, y del riesgo por lo tanto de que llegue al consumo y se convierta en un problema de salud pública, algo que la organización ecologista ya ha denunciado judicialmente.
Como alimañas
Una situación que contrasta con la prohibición del uso de cebos envenenados que existe en España desde 1983. En palabras de Juan Carlos del Olmo, secretario general de Adena, parece que «sigue funcionando, aunque de forma encubierta, la Junta de Extinción de Alimañas que existía hasta los años sesenta».
Y es que la clave del problema para esta organización, además de en la transformación de los usos agrarios que han alterado el paisaje y provocado la disminución del número de presas, mientras aumenta «el negocio» de la explotación cinegética, está en «la inacción de las Administraciones y la connivencia con el uso de venenos en el campo», según Del Olmo, que «se contrapone al dinero que la UE les da para conservarlas».
Hasta el momento y a pesar de que la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados se aprobó en 2004, sólo Castilla-La Mancha ha aprobado por decreto un plan regional de lucha contra el veneno, mientras que Andalucía ha puesto en funcionamiento un plan de acción, aunque no tiene rango normativo, y Aragón prepara un borrador de plan contra esta práctica.
La casi inexistencia de planes regionales, la ausencia de una vigilancia especializada y la escasez de sanciones administrativas y penales son causas que se apuntan desde Adena para el rebrote del problema durante los últimos años.
En este sentido, Del Olmo recuerda que «la muerte de cada uno de estos animales constituye un delito», y hace un llamamiento a los sectores y colectivos que puedan tener conocimiento de estas prácticas, entre los que citó a los cazadores, para que denuncien a los «envenenadores y delincuentes».
Y es que cada vez que muere uno de estos animales estamos robando joyas a nuestra naturaleza. Pero no sólo a la nuestra.
Según Del Olmo, las autoridades tienen también una responsabilidad ante otros países, puesto que muchas especies migratorias que vienen a pasar los inviernos a nuestro territorio mueren aquí por esta causa. Por tanto, esta situación afecta al conjunto de la biodiversidad.
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