Insomnio, ansiedad, depresión, pérdida de audición y el permanente y estresante temor a una catástrofe. Son algunos de los graves problemas que padecen los cientos de miles de ciudadanos que viven cerca de los aeropuertos españoles, agrupados en la recién creada Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo. Dicen ser más realistas que catastrofistas, pero denuncian que si el accidente de Barajas hubiera ocurrido en El Altet, San Javier, Albacete, Manises o Bilbao los muertos se habrían contado por miles. Lamentan que los aeropuertos sean zonas «al margen de la ley», infernales campos de ruido y contaminación acústica en los que se incumplen normas «en nombre un progreso mal entendido».La asociación representa a más de 150.000 afectados directos de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante , Zaragoza, «pero hay millones de ciudadanos perjudicados por el impacto del tráfico aéreo», explica su presidente, Luis Ramírez. «No somos unos irresponsables que pretenden eliminar la aviación» precisa. Sumando intereses quieren dejar ser el David al que ningunea sistemáticamente el Goliat de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).
De momento, los vientos soplan a su favor. La semana pasada, el Tribunal Supremo condenó a Aena) a indemnizar con 30.000 euros a cinco vecinos de la urbanización madrileña Santo Domingo, en Algete, al declarar vulnerado «su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria» a consecuencia del ruido producido en esta zona residencial por el sobrevuelo de aviones del aeropuerto de Barajas. Concluye el tribunal que el ruido «es suficiente, por su entidad, naturaleza y duración, para generar molestias que lo trastornan más allá de los límites aceptables».
Así, da la razón a los vecinos de Santo Domingo y acuerda que Aena pague a cada uno de ellos 6.000 euros. También ordena al Ministerio de Fomento, la Administración competente, a adoptar «las medidas precisas para que cese la causa de esa lesión».
Jurisprudencia
Además, el Supremo emplaza al Consejo General del Poder judicial (CGPJ) a insertar el fallo en la publicación oficial de jurisprudencia del Supremo para fijar esta doctrina y que sirva para otros casos similares. Varios ayuntamientos madrileños ya preparan demandas en este sentido
La abogada María Angeles López Lax, de la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo, celebra que el Alto Tribunal haya aplicado en su sentencia los límites de ruidos fijados en las normas de la Comunidad de Madrid, que los sitúa en 65,60 y 55 decibelios por el día, y 50 y 45 por la noche. Los vecinos de Santo Domingo aportaron mediciones que llegaban a 78 por la tarde y 77 por la mañana.
«Hasta ahora, estos límites se obviaban y no se tenía en cuenta cada evento, sino la media del ruido », explica la letrada, quien recalca que se trata de aplicar la misma medición de ruido de niveles máximos a cualquier tipo de actividad de aviones.
Luis Ramírez considera que la sentencia sobre contaminación acústica del Tribunal Supremo abre una puerta de esperanza para los más de 200.000 «afectados severos» por el ruido de los aviones que hay en España.
Pero Aena no duda en contraatacar. Estudia interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como respuesta a la sentencia. Recuerda que los vecinos interpusieron la denuncia el 11 de febrero de 2004 por la situación de ruidos que padecían desde noviembre de 1998, cuando se puso en marcha la pista 18R-36L, situación que ya no se da tras la construcción de la terminal T-4
Pero hay problemas que van más allá del ruido ensordecedor. «Si el accidente de Barajas hubiera sido en Bilbao, los muertos hubieran sido 15.000», denuncia Consuelo Elosúa, portavoz de la asociación Lur Maitea, que batalla con Aena y el Gobierno Vasco tras la creación de un vertedero de residuos tóxicos entre las cabeceras de pista del aeropuerto. «Son los mismos gases de las catástrofes de Bhopal y Seveso. De haberse liberado en un accidente como el último de Barajas, la catástrofe sería de dimensiones gigantescas» dijo.
«Si un avión sin control se arrastra y rebota a lo largo de más de un kilómetro desde El Altet, como ocurrió en Barajas, se habría llevado por delante el pueblo de Torrellano o algunas urbanizaciones; los muertos se hubieran contado por cientos, porque la cabecera de pistas está a 200 metros del El Altet» apunta Jesús Gómez, portavoz de la Asociación de Vecinos de Urbanova y de los afectados por el tráfico del aeropuerto de Alicante . El ruido es el gran caballo de batalla de este colectivo que denuncia la ruptura sistemática del umbral máximo de 60 decibelios durante el día y 50 durante la noche que marca al Ley. Acusan a Aena de falsear las mediciones y aseguran que ellos miden picos de hasta 70 y 80 decibelios. Sólo un 30% de las casas afectadas por el aeropuerto (Torrellano, El Altet y zona alicantina de Urbanova) se han insonorizado. Fomento tiene previsto gastarse en la adecuación acústica de las casas restantes 1.570 cerca de 23 millones de euros, lo que representa un coste de 15.000 euros por vivienda. Los vecinos no podrán dinero de sus bolsillos.
Josep Velasco preside Prou soroll (Basta de ruido) la plataforma que defiende los intereses de los ciudadanos del entorno del aeropuerto barcelonés del Prat. Se sienten «agredidos» por el medio centenar de aparatos que cada día sobrevuela sus casas. Tienen más de 300 denuncias ante los juzgado acompañadas de informes médicos con casos de insomnio crónico, depresión, ansiedad, más incidencia de cáncer o dificultades de aprendizaje. «Los maestros se callan al paso de cada avión» dice Velasco.
Rosa Burgos, portavoz de los afectados de Zaragoza, exhibe unas mediciones de ruido de los aviones que sobrevuelan su vecindario que superan los límites. Están entre los 60 y los 70 decibelios para la aviación civil y entre 90 y 105 para la aviación militar. «Lo de los aviones militares es escandaloso. Los F-16 y F-18 tienen barra libre y no se someten a ninguna norma de restricción de ruido ni horaria. Oímos los estruendos de sus reactores incluso a las tres de la mañana» denuncia la portavoz de la Asociación de vecinos de Los Sauces.
Comparado con Barajas, el aeropuerto de San Javier, al pie del Mar Menor, sería el hermano pequeño y menos ruidoso, aunque no del todo mudo. De hecho, los vecinos de Los Narejos, la localidad costera más próxima a la pista de aterrizaje, con el apoyo del Ayuntamiento de Los Alcázares, llevó a cabo una campaña contra la ampliación del tráfico aéreo en la costa del Mar Menor, si bien en los últimos años algo apaciguada por el retraso en la apertura de la segunda pista que permitirá compatibilizar los vuelos militares y los civiles, y por tanto programar vuelos desde las 7.30 a las 22.30 horas sin interrupción.
Con la ampliación del horario operativo del aeropuerto de San Javier en el horizonte del próximo marzo, vuelve el debate sobre el impacto que causará el tráfico aéreo en su entorno. El Ministerio de Medio Ambiente publicó en agosto de 2007 su evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación del horario para el tráfico civil, y fijaba la necesidad de nuevos controles y medidas correctoras.
En otras palabras, que Aena debe establecer si es necesario realizar la insonorización de edificaciones afectadas en las proximidades. Pero el ente público ha presentado un estudio de huellas del ruido, que concluye la ausencia de impacto sonoro en viviendas de Los Alcázares, ya que todas las existentes quedan fuera de la zona sometida a un máximo de 65 decibelios.
A este respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo indica que los organismos oficiales contabilizan niveles medios de ruido «pero lo que realmente molesta son los niveles puntuales». Para ilustrarlo, explica que «es como si alguien está diez minutos debajo de la ducha, de los cuales nueve minutos sale el agua fría y un minuto el agua hirviendo; evidentemente se quema aunque la temperatura media de la ducha sea de 32 grados».
La Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo aboga «por un cambio de modelo basado en el respeto a los ciudadanos, al medio ambiente y a la legalidad». Reclaman «participación real y efectiva de los afectados» y que «se compatibilice el progreso con la calidad de vida de y el respeto medioambiental».
Denuncian una legislación «insuficiente» que no protege ni al medio ni a la ciudadanía, ya que «las evaluaciones de de impacto ambiental son trámites administrativos alejados de la realidad».
En esta guerra del ruido cada una de las asociaciones ha perdido batallas con la «apisonadora» de Aena y el ministerio de Fomento. «No luchamos por interés y sí por principios, por el respeto a una legalidad saqueada y por un progreso que, para serlo, ha de respetar la salud de los ciudadanos y el medio ambiente» insistió Luis Ramírez.
Reclaman la suspensión real del tráfico aéreo nocturno, el respeto real a las rutas y un nuevo modelo de medición de ruidos. Que se impida además la construcción residencial en los pasillos aéreos, que los nuevos aeropuertos se alejen de los centros de población, un control real de la contaminación química y el riesgo de accidentes y auditorías técnicas independientes.
Aena insiste en que antes de establecer un pasillo aéreo realiza mediciones acústicas para comprobar que dicha medida cumple con la normativa y que es Aviación Civil la que aprueba finalmente dicha ruta.
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