Trece millones de españoles tienen problemas con el ruido en sus hogares, «a pesar de que luchar contra este problema solo supone un incremento del coste de la construcción de los edificios de entre un 0,3% y un 0,7%», manifestó ayer en Madrid la ministra de Vivienda, Carme Chacón, en la inauguración de la I Conferencia de Ruido Ambiental.% La titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó en dicho foro que los nuevos planeamientos urbanísticos deberán incorporar mapas sonoros y exigencias para disminuir el ruido, «ya que hasta ahora muchas ciudades han crecido sin tener en cuenta los focos de contaminación acústica».
Para tratar de combatir dicho problema, el Gobierno central aprobó hace un mes el decreto que desarrolla reglamentariamente la ley del Ruido. Promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, la nueva normativa establece objetivos de calidad acústica y limitaciones a las emisiones sonoras por zonas y horarios.
Y no será algo barato. A más de 8.000 millones de euros ascenderá la repercusión presupuestaria que el nuevo decreto sobre el ruido tendrá sobre las infraestructuras que son competencia de la Administración General del Estado (ferrocarriles, aeropuertos y autovías).
Con dicha norma se completa el desarrollo reglamentario de la ley del Ruido en los aspectos relacionados con la zonificación acústica, los objetivos de calidad y las emisiones sonoras.
El nuevo texto exige, por un lado, mejoras en el aislamiento, tanto interior como exterior, de todas las edificaciones. Al mismo tiempo, pretende impulsar el desarrollo de la investigación de nuevos materiales aislantes de ruido.
En segundo lugar, quedan definidos los índices de ruido (de mañana, tarde y noche) y de vibraciones tolerables y, por último, se apuesta por el diseño ecológico aplicable a los productos que necesitan energía para funcionar, por ejemplo electrodomésticos o calefacciones, así como maquinaria.
Además, de los límites y niveles de ruido que haya en cada zona acústica dependerán incluso los planes de ordenación territorial y urbanísticos.
Este documento, que completa el Código Técnico de la Edificación (CTE), entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el pasado 23 de octubre, momento a partir del cual se ha abierto un plazo de doce meses de aplicación voluntaria.
Todos los edificios que se construyan a partir de octubre de 2008 deberán cumplir unas exigencias de aislamiento acústico para eliminar las molestias por ruidos generados tanto en el exterior como en el interior de los mismos. Ello encarecerá los costes de construcción entre un 0,33% y un 0,75%, según el Gobierno central.
La aplicación de la norma pondrá fin a las molestias que actualmente padecen casi un tercio de los hogares, y que cada año causan patologías como trastornos del sueño o pérdida de atención y rendimiento.
Entre las principales novedades que incorpora el Real Decreto se encuentra el incremento de las exigencias de aislamiento, hasta triplicarlas, para equipararlas a las del resto de países comunitarios. Además, las exigencias afectarán a todos los elementos constructivos que conforman un recinto (tabiques, forjados, cubiertas y fachadas) y no sólo al elemento de separación entre los recintos, como venía siendo hasta ahora.
Así, se aumentan los niveles de aislamiento frente al ruido aéreo (música, gritos, voces, etc.) y el ruido de impacto (golpes, taconeos, etc.) exigidos entre recintos, pasando de 45 decibelios en laboratorio a 50 decibelios en comportamiento real. Además, se contempla la verificación del cumplimiento de las exigencias de aislamiento mediante parámetros verificables en una medición in situ, y no según valores de laboratorio, como hasta ahora.
Asimismo, se regula el eco y las malas condiciones acústicas, cuantificando el tiempo de reverberación en recintos como aulas, comedores, restaurantes y salas de conferencias, y se introducen nuevas reglas constructivas para disminuir el ruido de las instalaciones de fontanería y saneamiento (bajantes, ascensores, etc.) y métodos y prácticas para minimizar la transmisión de ruido y vibraciones provocadas por las instalaciones.
En el capítulo de los materiales, el documento tratará de impulsar nuevas investigaciones para desarrollar diversos y mejores materiales, así como sistemas de aislamiento acústico para proporcionar protección frente al ruido a los ocupantes de los edificios sin deteriorar el ambiente acústico del entorno.
Las áreas acústicas se clasificarán según los tipos que determinen las comunidades autónomas, aunque se fijan unos mínimos para los espacios industriales, residenciales, sanitarios, docentes, de uso recreativo y terciario, así como los afectados por sistemas generales de infraestructuras y espacios naturales protegidos. En cualquier caso, la delimitación de estas áreas acústicas deberá revisarse periódicamente al menos cada diez años desde la fecha de su aprobación. Además de las medidas, el Reglamento establece la verificación de su cumplimiento mediante mediciones in situ.
La nueva norma también establece los procedimientos y métodos para la evaluación y gestión de la contaminación acústica, así como la clasificación y contenido mínimo de los mapas de ruido. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente deberá informar a la Comisión Europea a finales de este año sobre la primera fase de actuación de estos mapas y antes del 18 de octubre de 2008 deberá comunicar los resúmenes de los planes de acción elaborados.
El desarrollo de la ley del Ruido no ha estado exento de críticas por parte de expertos y asociaciones ciudadanas. María Ángeles López, responsable de la Asociación para la Comunicación e Información Medio Ambiental (Acima) considera que no se han consensuado cuestiones importantes como qué nivel de ruido nos parece tolerable y cuál no.
El director del Laboratorio de Acústica de la Universidad de Extremadura, Juan Miguel Barrigón, opina que el nuevo reglamento permite unos índices de ruido permisibles muy altos para la noche (65 decibelios por el día y 55 para la noche). Asimismo, cree que la admisión de 70 decibelios durante el día en zonas de uso terciario, en las que también se incluyen oficinas, es un ruido «altísimo».
Por su parte, la Plataforma Estatal de Asociaciones contra el Ruido y las Actividades Molestas critica el hecho de que el texto está excesivamente orientado a la evaluación de niveles sonoros y que son pocos los preceptos que se orientan a las acciones a tomar por las autoridades, y la mayor parte de ellos alude a planes de acción a medio o largo plazo; en otras palabras, no hace mención sobre acciones inmediatas de protección de los ciudadanos ante situaciones intolerables y de criterios de sanción contra los responsables del ruido.
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