1.- Consideraciones previas

Tras la aprobación de la Directiva Marco sobre Política de Agua y su transposición a la legislación española, es absolutamente necesario establecer una nueva forma de gestionar recursos hídricos, asegurando que la cantidad y calidad de los mismos son adecuadas a una demanda compatible con un desarrollo más sostenible, y que estos recursos pueden ser accesibles a los demandantes a un precio razonable.

El trasvase del Ebro se ha mostrado -a tenor de los análisis y evaluaciones hechos tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por los organismos informantes de la Comisión Europea- como un proyecto carente de viabilidad desde el punto de vista económico-financiero, ya que exige unos costes de acceso al agua que, en media, y de acuerdo con estimaciones más realistas que las asumidas en el propio anteproyecto, nos acercarían a una cifra del orden de 0,9 euros/m3. Pese a las incertidumbres que toda gran inversión con un largo plazo de vida útil incorporan en una sociedad tan dinámica como la actual, los análisis de sensibilidad sobre la incidencia de modificaciones en las variables con influencia sobre el citado coste conducen a una situación de práctica inviabilidad económica del proyecto, ya que no existen escenarios previsibles en los que el coste resultante del agua haría ésta accesible para la agricultura.
Adicionalmente, es evidente que los recursos hídricos en el Sureste español están sobreexplotados (principalmente los subterráneos), y a largo plazo podría existir un riesgo sobre su disponibilidad si no se adoptan medidas urgentes de inversión, gestión y racionalización en usos y comportamientos sociales, que aseguren que en épocas de sequías no se produzcan situaciones catastróficas para la sociedad.

Desde esta perspectiva son necesarias un conjunto de medidas urgentes que, en primer lugar, incrementen la oferta de recursos hídricos movilizables en los términos recogidos en la normativa sobre agua vigente en España. En segundo lugar, es necesario incentivar, de forma inmediata, las posibilidades que dicha normativa establece a través de la utilización de los centros de intercambio de derechos de agua recogidos en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Aguas en vigor, en tanto se elabora y se aprueba la norma que creará los Bancos Públicos del Agua. En tercer lugar, es perentorio introducir medidas que incidan de una manera directa en la mejora de la calidad del agua, en la recuperación de los acuíferos, en la prevención de inundaciones y, en general, en la restauración ambiental de las cuencas hidrográficas. Por último, es necesario actualizar la información sobre todos los elementos que inciden en la cantidad y calidad del agua y en la de los ecosistemas ligados a la misma, así como en los factores de demanda asociados a la urbanización, al uso productivo (agricultura, industria, y sector terciario) y al mantenimiento de los ecosistemas, elaborando el correspondiente diagnóstico que pueda servir de partida para una reflexión concertada de posibles líneas complementarias de actuación futura, en el marco de la Conferencia Sectorial del Agua, de próxima creación.

Este proceso, en el caso especial de la cuenca del Segura, permitiría evaluar la oportunidad y la viabilidad de posibles transparencias desde otras cuencas.

2.- Actuaciones inversoras para incrementar la disponibilidad de recursos hídricos.

Una de las actuaciones tradicionales -prácticamente la única, por ejemplo, en Canarias- para la obtención de recursos hídricos adicionales en el medio litoral es la desalación, cuyo uso para abastecimiento urbano permite la liberación de recursos superficiales y subterráneos para usos alternativos en el resto del territorio. Otras actuaciones conducentes al mismo fin son el incremento sostenible del aprovechamiento de los acuíferos y, en algún caso singular, aprovechamientos específicos de aguas superficiales con embalses o azudes de regulación. El resto de actuaciones de inversión que implican incremento de los recursos disponibles se centran en mejoras de la gestión, tratada en el epígrafe siguiente, dentro del cual se incorporan las inversiones ligadas a la reutilización de las aguas residuales.

3.- Actuaciones ligadas a la mejora de la gestión de los recursos hídricos.

Se va a proceder en todas las cuencas a constituir Centros de Intercambio de Derechos de Uso del Agua, mediante acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Medio Ambiente, quedando los organismos de cuenca autorizados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del agua para, posteriormente, cederlos a otros usuarios mediante el precio que el propio organismo oferte. Las adquisiciones y enajenaciones del derecho al uso del agua que se realicen conforme a este instrumento respetarán los principios de publicidad y libre concurrencia, y se llevarán a cabo conforme al procedimiento y los criterios de selección que reglamentariamente se determinen. La contabilidad y registro de las operaciones que se realicen se llevarán separadamente respecto al resto de actos en que puedan intervenir los organismos de cuenca.

Las comunidades autónomas podrán instar a los organismos de cuenca a realizar las adquisiciones a que se refiere el apartado anterior para atender fines concretos de interés autonómico en el ámbito de sus competencias.
Adicionalmente, se incorporan las siguientes inversiones ligadas a la mejora de la gestión de los recursos hídricos, tanto desde la perspectiva de la reutilización de las aguas residuales y los programas de ahorro y uso sostenible -en particular los relativos a la modernización de regadíos- como del refuerzo de los sistemas de abastecimiento y la gestión de determinados acuíferos.

4.- Actuaciones ligadas a la mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y restauración hidrológico-forestal

Las actuaciones que se contemplan son variadas y tienen objetivos directamente ligados a la mejora de la seguridad, salud y sostenibilidad del medio. Algunas de ellas tienen efectos sobre la disponibilidad de recursos a largo plazo, aunque tal incremento no se ha considerado en las evaluaciones que se acompañan.

5.- Actuaciones de análisis y diagnóstico de los factores incidentes en una oferta y demanda de agua con calidad.

De forma simultánea a la realización de las actuaciones anteriormente contempladas -cuyo desarrollo se realizará con caracter de urgencia- se procederá a un estudio exhaustivo de todos aquellos factores que tienen, han tenido o tendrán una incidencia significativa en la disponibilidad de un agua de calidad adecuada a las condiciones de la demanda. Estos estudios actualizarán los datos que sirvieron de base a la realización de los Planes de cuenca que, dado el tiempo transcurrido, necesariamente habrán sufrido sensibles modificaciones. Igualmente, considerarán en qué medida las previsiones recogidas en dichos Planes se han ajustado a lo realmente sucedido y las causas que hayan podido incidir en las diferencias que en su caso se detecten.

Desde el punto de vista de las disponibilidades, se considerará el volumen actual de recursos correspondientes a:

a) aguas superficiales, tanto continentales como de transición, con la tipología que corresponda.
b) aguas subterráneas, con su localización y límites de las masas de agua.
c) el inventario de los recursos superficiales y subterráneos, incluyendo sus regímenes hidrológicos y las características básicas de calidad de las aguas.
Igualmente se considerarán los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas, incluyendo los usos y demandas existentes (con una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo de las aguas), la contaminación de fuente puntual y difusa, su relación con los usos del suelo y su evolución en el tiempo, y en general todos aquellos aspectos que impliquen afecciones significativas de la actividad humana sobre la demanda.

Apartados adicionales a considerar explícitamente en el diagnóstico deben ser:

a) La identificación y mapas de las zonas protegidas y su relación con los caudales ambientales.
b) Las redes de control establecidas para el seguimiento del estado de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas, y los resultados de este control.
c) La degradación de ecosistemas generada por problemas asociados a la cantidad o calidad de aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas marinas.
d) Un análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones y causas territoriales, normativas o de otro tipo que generan distintos costes o tarifas en la actualidad por dicho uso.
e) Una evaluación del grado de cumplimiento de los Planes de cuenca, y una explicación de las discrepancias entre resultados previstos y obtenidos con la política de agua desarrollada.

6.- Balance comparativo de la sustitución del Trasvase por las medidas señaladas

Como se aprecia en el cuadro general que se acompaña, los recursos que se incrementan en el conjunto de las cuencas mediterráneas con las actuaciones previstas se sitúan en los 1.038 hm3; se superan así muy ampliamente los 620 hm3 que realmente podrían obtenerse del trasvase del Ebro, pues los 1.050 hm3 que teóricamente supone aprovechables el anteproyecto del trasvase serían absolutamente imposibles de obtener teniendo en cuenta las necesidades ambientales del Delta del Ebro y las de regulación en los embalses de Mequinenza/Ribarroja, así como las pérdidas de agua a lo largo de toda la conducción. Además, los plazos de ejecución de las actuaciones urgentes serán sin duda mucho más reducidos que los que hubiera requerido el trasvase.

7.- Inversión estimada

También se deduce del cuadro general que la inversión total estimada es de unos 3.791 millones de euros (de los cuales 3.747 corresponden a las Comunidades Autónomas de Andalucía -568-, Murcia -807-, Valencia -1.282- y Cataluña -1.110); que es desde luego inferior a los 4.207 millones supuestos por el anteproyecto, y sobre la que deben subrayarse además tres cuestiones importantes.

En primer lugar, los 3.791 millones que ahora se invertirán corresponden no sólo a la obtención de recursos alternativos y en mayor cuantía que los del trasvase del Ebro -1.058 hm3 frente a 620 hm3-, sino que incluyen también otras actuaciones urgentes en prevención de inundaciones o restauración ambiental.

En segundo lugar, el riesgo de desviaciones de costes al alza en un proyecto tan complejo como el trasvase del Ebro es mucho más elevado que en las actusciones localizadas y modulables que ahora se proponen.
En tercer lugar, las actuaciones urgentes propuestas permiten asegurar, como mínimo, la cofinanciación programada para el trasvase -y cuya obtención era muy cuestionable- por un importe de 1.262 millones de euros.

8.- Relación de actuaciones

En el anejo se incluye la relación de actuaciones en cada una de las cuencas, diferenciadas por tipos de actuación de acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores.